Abril de León Rincón
Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey
Resumen
La región sur del estado de Nuevo León representa una zona de alta vulnerabilidad económica, social y ambiental, según CONEVAL (2010). Los datos levantados por este organismo indican que entre el 25 y 50% de la población de esta región se encuentra en pobreza moderada y, de estos, el municipio con mayor índice de pobreza, incluyendo pobreza extrema, es Mier y Noriega. La principal causa de esta condición de vulnerabilidad es la falta de acceso a agua para consumo humano y para actividades agropecuarias, lo que, a su vez, ocasiona la falta de fuentes de empleo y la consiguiente dinámica migratoria circular hacia EUA. Aunado a ello, al analizar las iniciativas del Gobierno de Nuevo León en materia de gestión, gobernanza y aseguramiento del agua, desde finales del siglo XIX a la fecha, es evidente que todos los esfuerzos han sido encaminados a satisfacer las necesidades de la industria y de la población del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), a costa del desarrollo de la zona rural, para la cual no existen estudios públicos sobre el estado general de los recursos hídricos de la región ni de la calidad del agua ni programas de captación, almacenamiento, cuidado y gobernanza del agua. Por ello, es urgente ciudadanizar la información sobre el agua en la región, como primer paso para transferir este conocimiento a sus habitantes y facilitar la conformación de alianzas intersectoriales que contribuyan a la incorporación de innovaciones tecnológicas para garantizar el acceso a agua con perspectiva sostenible.
Palabras clave: gestión del agua, seguridad hídrica, Mier y Noriega, NL, sur de NL.
La gobernanza del agua en Mier y Noriega, NL: un acercamiento a la situación hídrica de la región
Introducción
Todas las civilizaciones, a lo largo de la historia, se han ido estableciendo cerca de las fuentes de agua que aseguren su supervivencia y desarrollo. Queda claro que el ser humano no puede subsistir sin agua y, sin embargo, no dimensiona el verdadero valor de este recurso, lo cual termina ocasionando que ya no podamos asegurar el acceso a este derecho humano e, incluso, que se pronostiquen guerras por el control del agua. Adam Smith planteaba esta disonancia entre el valor de uso del agua, frente a su valor de cambio, comparándola con el caso del diamante. El agua, escribió Adam Smith, es imprescindible para la vida humana; sin embargo, difícilmente podríamos comprar algo con ella; en cambio, el diamante, que no puede equipararse al agua en términos de importancia para la sostenibilidad de todos los seres vivos sobre la Tierra, posee un valor de cambio infinitamente mayor que el del agua y, por ende, los consumidores lo aprecian y cuidan más. Como si un diamante pudiera garantizar el acceso a agua para toda la humanidad. Esta paradoja fue descrita ampliamente en el artículo La Tragedia de los Comunes en (inglés, Tragedy of the commons), escrito por Garret Hardin, en 1968. Los commons –bienes comunes- terminan siendo explotados por todos, sin que exista la corresponsabilidad de parte de los ciudadanos para asegurar la sostenibilidad de estos bienes que compartimos con todos, sin exclusividad, como los recursos naturales y, particularmente, el agua.
La siguiente ponencia tiene como objetivo presentar un panorama general sobre la situación del agua en Mier y Noriega, Nuevo León, como primer resultado de un estudio cualitativo derivado de otras investigaciones cuyo enfoque estaba centrado en la migración o la identificación de problemáticas generales de la zona. Al ser la falta de acceso al agua el determinante de todos los problemas que aquejan a esta zona, poco a poco la intención de mejorar la situación apremiante de la mayoría de las familias que habitan en los ejidos de Mier y Noriega, ha ido llevando a la investigación sobre la situación actual de los recursos hídricos de la región, aunque hasta el momento, solo ha consistido en la documentación de testimonios de los lugareños para poder mapear los pozos de agua, ubicarlos y levantar información sobre su historia, su uso y la calidad del agua que hay en ellos.
No es para nada, un informe técnico, dado que quien presenta esta ponencia no es especialista en ello, sino en organización comunitaria. El siguiente paso es involucrar a los técnicos e ingenieros especializados para realizar los estudios hidrogeológicos que procedan y poder contar, así, con datos confiables sobre los recursos hídricos de la región. De esta manera se podrán tomar decisiones de políticas públicas para garantizar la seguridad hídrica de la población, con un enfoque de sostenibilidad.
Sin embargo, hay que decir, que los resultados hasta ahora son muy desalentadores, tanto de lado de la responsabilidad gubernamental en todos sus niveles, como de la participación ciudadana al respecto. Es evidente que la política gubernamental dictada sobre el agua obedece a las prioridades industriales del estado, dejando en total abandono a la zona rural. Existe un plan hídrico para el estado de Nuevo León para el 2050, desarrollado por el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey que, sin embargo, considera únicamente al Área Metropolitana de Monterrey en su planteamiento, ejecución y beneficios. Los proyectos clasificados como Monterrey I, II, III, IV y V, generados para garantizar el vital líquido, igualmente consideraban solo la seguridad hídrica del AMM, su industria y su agricultura. Tan solo con realizar una búsqueda por Internet, utilizando como palabras clave agua + Nuevo León, arrojarán resultados de artículos de investigación y reportes técnicos cuyo tema central ha sido la gestión del agua, pero, solamente, en el AMM. Si cambiamos la búsqueda y ponemos agua + sur de Nuevo León, encontraremos solo noticias –no estudios- sobre el desabasto de agua en la región.
La investigación que aquí se presenta es de tipo cualitativa – descriptiva en esta primera fase. Los principales insumos de información son entrevistas a profundidad realizadas a lo largo de 3 años (2017, 2018 y 2019) con ejidatarios, familias y funcionarios públicos. En total, suman aproximadamente 75 entrevistas. Esta información se complementó con bases de datos oficiales, revisión de literatura especializada y el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA).
Historia del agua en Nuevo León
Resulta curioso que, bajo este título, decir Nuevo León, signifique solamente una parte del mismo, es decir, Área Metropolitana de Monterrey. El sitio elegido para la fundación de la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, en 1596, fue una zona de manantiales y ojos de agua ubicada en la zona entre el Río Santa Catarina y el Río Santa Lucía. Años atrás, Luis Carvajal y de la Cueva y su familia, intentaron fundar la ciudad en lo que ahora es Cerralvo, N.L, pero ante la escasez de agua, años después, terminarían mudándose.
Nuevo León se sitúa en una zona semiárida cuyo rasgo climático principal es la baja precipitación y temperaturas altas. El clima es extremoso, propenso a enfrentar huracanes, inundaciones y sequías prolongadas. Por ende, para Nuevo León, el tema del agua siempre ha sido prioridad, aunque la distribución de la misma se ha realizado de manera, por demás, inequitativa, predominando, como mencioné antes, la preferencia por el sector industrial y agropecuario, así como las clases sociales altas (Pérez Gaona, 2016, p. 9).
Se han utilizado diferentes técnicas para almacenar o distribuir el agua, según la necesidad y los recursos disponibles. Pero durante, al menos 100 años, estas técnicas fueron muy rudimentarias: acequias, aljibes, pozos o norias; acarreo directo desde los ríos, sobre todo por parte de las clases sociales más desfavorecidas.
No fue sino hasta finales del siglo XIX, que la vocación comercial de Monterrey comenzó a migrar hacia la industrialización, y la industria necesitaba agua: “Con la instalación de la industria pesada en Monterrey, a partir de 1890, comenzaron los problemas de abastecimiento de agua. […] Para 1892, ya había más de 20 nuevas industrias en Monterrey, que daban empleo a 1276 personas.”. (Pérez Gaona, 2016, p. 9).
Pero la industrialización, si bien aceleró el crecimiento económico, también trajo consecuencias negativas, como la migración del campo a la ciudad y la sobrepoblación. Desde entonces, hasta la fecha, el AMM ha atraído migrantes de los estados de San Luis, Zacatecas, Durango, Aguascalientes y Oaxaca, entre otros, por ser una economía pujante, con buenas perspectivas de empleo. El aumento en la población, trajo como consecuencia una mayor demanda de servicios, entre ellos, el agua. Aunado a esto, la industria utilizaba agua fresca para funcionar; aún no se implementaban técnicas de tratamiento de aguas residuales ni reciclaje. Cuando mucho, captación de agua de lluvia.
Ante este panorama, el gobernador Bernardo Reyes (1885-1905) concesionó, con el apoyo de Porfirio Díaz, los primeros permisos para iniciar la construcción de obras que garantizaran el abastecimiento de agua para la región. Dicha concesión fue otorgada, primero, a un estadounidense, pero, después de infinidad de problemas, terminó quedando en manos de una empresa canadiense, que inauguró la obra, en 1909. Para 1945, sin embargo, e, gobierno de Arturo B. de la Garza tuvo que comprar esa empresa porque no estaban dando un buen servicio a la población y se enfrentaban a recortes y desabastos constantemente. Como si fuera un castigo, Monterrey ha vivido asolada por inundaciones, sequías y recortes de agua, prácticamente desde el primer cuarto del siglo XX hasta los años 90. Y nuevamente, la proyección para el 2050 ha sido muy desalentadora, añadiéndole el componente de la contaminación del agua.
Todo ello ha provocado que el sector empresarial e industrial lidere proyectos de inversión público – privados o enteramente privados para asegurar su abastecimiento de agua, como es el caso de Monterrey VI. Incluso, durante la administración del Gobernador Rangel Frías, se realizó el acueducto Mina- Nuevo León, para desviar el agua que abastecía a esa comunidad rural y que ahora llegara al AMM. (Garza Cantú, 2016, p. 32).
El fenómeno de la alta concentración demográfica en sus centros urbanos, al igual que en el resto del país, es un hecho creciente, principalmente en su ciudad capital, Monterrey y su área metropolitana, que en el 2010 contaba con 3.9 millones de habitantes que representaban el 85% de la población total del estado en ese momento censal. Lógicamente, la demanda del vital líquido se concentra en esta urbe, requiriendo para su consumo 11.5 m3/seg de agua, la cual se obtiene principalmente de concentraciones superficiales; sin embargo, este aporte podría incrementarse aprovechando los buenos años de lluvia que generan caudales significativos que capta el sistema de presas de la entidad; con ello se favorecería la restauración del equilibrio hídrico de nuestros acuíferos. (Observatorio de la Sustentabilidad en Nuevo León, 2019).
Dimensión del problema
Anteriormente reiterábamos que no dimensionábamos en su debida magnitud el problema de la falta de acceso al agua. Tenemos que entender que el agua es un recurso finito y que ya no es renovable, debido al impacto ambiental de las acciones humanas. El total de agua en el planeta es de 1400 millones de km3. De este total, solo el 2.5% es de agua dulce y de este, el 70% proviene de los glaciares y casquetes polares. El resto, es decir, el 30% del 2.5% de agua dulce que hay en el planeta, proviene de ríos, lagos y aguas subterráneas, que es de donde el ser humano las puede obtener y aprovechar. (CONAGUA, 2018).
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el organismo rector de la gestión del agua en México, y se divide en 13 regiones. México dispone de 462 mil millones de m3 de agua dulce renovable por precipitación al año. (CONAGUA, 2018)
La agricultura emplea el 71% de esa agua, seguida por el uso urbano, la electrificación y, finalmente, la industria (0.041%). Sin embargo, esto considera que actualmente, la industria ya realiza prácticas de manejo integral, tratamiento y gestión del agua, de manera que reciclan, reutilizan aguas residuales tratadas y aplican tecnología de vanguardia para la captación, recolección y tratamiento de agua. Esto no sucedía a principios del siglo XX, así que podemos inferir que el porcentaje de uso era mucho mayor que el actual. La agricultura, no obstante, siempre ha representado el mayor porcentaje de uso de agua. Este dato es importante porque no basta con llevar el agua a las zonas vulnerables, sino que hay que contar con un plan de manejo integral y gobernanza del agua que promueva la concientización sobre el uso y cuidado del agua, así como de la corresponsabilidad ciudadana en la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, de modo que no exploten las tierras a tal grado que las erosionen y no se puedan reutilizar.
Por eso es sumamente importante involucrar a los usuarios del agua en el cuidado del agua. Hay que redefinir una gobernanza que combata la ineficiencia del gobierno y pueda poner presión para que se ofrezcan soluciones de raíz al problema, con perspectiva de sostenibilidad para las generaciones futuras.
El Doctor Vidal Garza Cantú (2016), en su artículo Gobernanza del Agua, hace hincapié en que la comunidad internacional reconoce el problema del agua como un problema de gobernanza y solo será posible solucionarlo si se desarrollan capacidades en los ciudadanos que les permitan administrar el agua de manera colectiva y con visión de sustentabilidad. (p. 28). Sin embargo, ¿cómo involucrar a los ciudadanos en la gobernanza del agua?
El agua y la ciudadanía
La ciudadanía es un concepto poco comprendido. Desde el punto de vista legal, los artículos 34 y 35 de la CPEUM, define las obligaciones y prerrogativas de un ciudadano, poniéndose énfasis en la autonomía de la persona al cumplir la mayoría de edad y en su calidad de mexicano. Es decir, básicamente no nos ha constado nada asumir el estatus de ciudadano, más que llegar a la mayoría legal establecida en nuestra Carta Magna. Por eso no entendemos que es un privilegio que no toda la población tiene: los menores de edad no son ciudadanos; los extranjeros no son ciudadanos. La condición de ciudadanía es mucho más que un conjunto de derechos y obligaciones asumidas en un documento normativo. La ciudadanía es una construcción social derivada de la conquista de derechos. Implicó una lucha. Desde el derecho a pedir (derecho a petición, Art. 8 de la CPEUM), hasta el derecho a participar en la toma de decisiones de la vida pública, a votar y ser votado; y a tener acceso equitativo a derechos civiles y sociales tales como la educación, la libre expresión, la libertad de culto, la salud, la cultura, la diversión y esparcimiento, la seguridad, etc.
Es sumamente importante defender la ciudadanía como un derecho, y no como si fuera un favor o un apostolado. Al entender que es un derecho, entendemos también que la podemos exigir. La ciudadanía es nuestro derecho a participar en la construcción y reconstrucción colectiva de la ciudad. Y esto lo es todo. Mi identidad como ciudadano, garantizada en la Carta Magna, me otorga el derecho a involucrarme en la definición y construcción del lugar en el que vivo y convivo con otros ciudadanos (Cortina, 2003). El espacio y los bienes públicos, como es el caso del agua.
Los ciudadanos de Mier y Noriega tienen derecho garantizado en la Constitución y en los convenios internacionales a los que se ha adscrito México (ODS), a tener acceso a agua limpia y a un medio ambiente sano. Entonces, ¿por qué los ciudadanos de este municipio han preferido migrar y abandonar a sus familias, en lugar de participar en la política pública sobre el agua y asegurar el acceso a la misma? ¿Por qué se han dejado vencer por la corrupción o por la burocracia y no han incluido un plan estratégico para llevar el agua a su comunidad? ¿Por qué están resignados a desaparecer o ser reubicado en lugar de exigir sus derechos? ¿Por qué las asambleas ejidales no han podido llegar a acuerdos en los lugares donde sí tienen reservas de agua? ¿Por qué prefieren perder un pozo que dialogar o negociar por compartirlo?
Si pretendemos que la ciudadanía forme parte de la gobernanza del agua o, incluso, la encabece, tenemos que partir de la formación ciudadana. En Mier y Noriega, la investigación cualitativa muestra un claro desconocimiento sobre la situación del agua por parte de los pobladores. También ha quedado de manifiesto que desconocen sus derechos, en este caso, a disponer de agua limpia para su consumo y para uso pecuario. Pero lo más grave es la normalización del problema.
Al iniciar el rastreo de los pozos del municipio y su historia, resultó sorprendente la falta de visión colectiva de los actores ciudadanos involucrados en la gestión del agua y la indiferencia total de parte de los ejidatarios. Visitamos 3 pozos: uno en el ejido de San Rafael, otro en San Antonio de Alamitos y otro en San Isidro de las Colonias. Además, el pozo “El francés”, es el que actualmente cuenta con el tendido de red y la bomba que le permite abastecer tanto al municipio de Mier y Noriega como a algunos ejidos de Dr. Arroyo. Sin embargo, su agua tiene indicadores de salinidad más altos de lo normal, por lo cual no es apta para el cultivo. De los otros pozos que no cuentan con tendido de red ni infraestructura para extraer y distribuir el agua, descubrimos lo siguiente:
1) Pozo de San Rafael: lo excavaron hace más de 30 años. Los entrevistados refieren haber visto que sacaron agua del pozo, pero que, por un aparente soborno al alcalde en funciones de esa época, se asentó en los estudios que ese pozo no tenía agua suficiente para atender las necesidades de la región, así que no se utilizó y sí terminaron tapándolo. Nadie supo explicar por qué no se le dio seguimiento.
2) Pozo San Antonio de Alamitos: este pozo está cercado y cuenta con instalación eléctrica. Es propiedad ejidal. Sin embargo, no tiene la bomba de agua necesaria para extraer el líquido. No se han hecho estudios sobre la calidad de agua ni sobre su volumen.
3) Pozo de San Isidro de las Colonias: este pozo es el que se percibió más viable para realizar una inversión. Se puede escuchar el afluente de agua a través de los tubos. Tiene una instalación rudimentaria porque los trabajadores encargados del pozo tuvieron un accidente y dejaron caer tubos muy grandes al pozo, por lo cual no había acceso ahora. El siguiente alcalde excavó a un lado y lo dejó listo para solicitar la cesión de la propiedad a Agua y Drenaje de Monterrey, pero los ejidatarios no se lo permitieron. Ellos no pudieron llegar a un acuerdo y, aunque hablaban de ceder su propiedad y administración a Agua y Drenaje, finalmente, no se concretó. Actualmente no cuenta con bomba ni tendido de red, pero hay que averiguar quién tiene la propiedad de la tierra, porque, según refieren los entrevistados, el ejido de Cerros Blancos se adjudica esa propiedad. Al consultar el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), se pudo constatar que existe una concesión otorgada a este ejido para explotación de aguas subterráneas (julio 27 de 2019).
Conclusiones
La situación actual de Mier y Noriega en cuanto al desabasto de agua no tiene justificación alguna. No podemos explicarnos la ausencia de estudios hidrológicos de la zona que permitan gestionar recursos para acceso y conservación del agua. Lo anterior deja de manifiesto la falta de competencias ciudadanas en su población, dado que, por corrupción o por ignorancia, no se ha gestionado nunca una iniciativa para solucionar el problema de raíz. Tampoco sus representantes políticos han planteado propuestas o iniciativas al gobierno estatal o federal para trabajar en ello. Simplemente, la gente está tan acostumbrada a vivir sin agua, y a la dependencia de programas asistenciales.
Por ello, resulta urgente reforzar la formación ciudadana en niños, jóvenes y adultos, así como contar con un programa de fortalecimiento de capacidades municipales para los funcionarios públicos, enfocado en la gestión y gobernanza del agua con perspectiva de sostenibilidad. De igual forma, transferir esta narrativa sobre la situación real del agua a las nuevas generaciones, puede prevenir que se siga en la misma situación.
Por último, urge una ciudadanización de la información sobre los recursos hídricos del agua en la región. Si existen y no se le proporcionan a la ciudadanía están violando el derecho a la información y a la salud, por no tener fuentes de agua. Si no existen los estudios y el gobierno no va a dar prioridad a la zona, somos los ciudadanos los que debemos construir esa base de datos de información y compartirla para poder utilizar la información en la procuración de fondos y en la construcción de alianzas con organizaciones de la sociedad civil que permitan dar soluciones innovadoras a las distintas aristas de la falta de agua y las actividades productivas.
Hasta el momento, existe un control político del agua. Los intereses partidistas y económicos del sector privado determinan las áreas prioritarias y la estrategia de acceso al agua en la región, predominando la centralización en el AMM y la desigualdad en el acceso. Los más vulnerables, tanto en zonas urbanas, como en zonas rurales, son quienes tienen que enfrentar recortes, racionalizaciones y desabasto, así como las enfermedades derivadas de la falta de higiene en el agua que consumen o en el manejo de la misma.
En Mier y Noriega, la población debe asumir la corresponsabilidad de un manejo integral del agua, partiendo del reconocimiento de que es un derecho humano y que debemos compartirla con todos, cumpliendo la normativa correspondiente. No se trata de colonizar el agua, sino de administrarla bajo una perspectiva de bien común y conciencia de su cuidado. La educación, la participación ciudadana y la reglamentación, pueden contribuir a democratizar el acceso al agua.
Referencias
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